La sociedad civil se mueve para defender al lobo: recursos judiciales, colectas y una gran manifestación

Un mes después de que se volviera a permitir matar lobos en España —en una enmienda escondida en la ley del desperdicio alimentario—, distintas entidades de la sociedad civil se están moviendo para tratar de frenar lo que consideran “una salvajada”. Se acaba de crear la plataforma Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, que ha recaudado 17.000 euros en tres días para intentar evitar la caza de una especie clave e impulsar acciones de difusión. Mientras, entidades ambientalistas como Ascel, Ecologistas en Acción o WWF están interponiendo tanto recursos de alzada como contenciosos con las comunidades —la primera, Cantabria— que ya han autorizado matar ejemplares. Además, se prepara una manifestación en junio en defensa de la especie.

Ernesto Díaz, de la Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantabria, es uno de los impulsores del nuevo fondo: “En cuanto se aprobó la enmienda lo debatimos de urgencia, lo aprobamos y nos pusimos en marcha. Hemos tenido que redactar el proyecto, pensar en un presupuesto, contactar con expertos y crear un equipo, pero lo hemos hecho todo en menos de un mes”.

Quieren recaudar 200.000 euros, la mitad de los cuales se destinarán a acciones jurídicas y la otra mitad, a educación, formación y apoyo para entidades locales. En solo tres días rozan los 17.000 euros y 30 entidades de España y Portugal se han adherido al proyecto. Cuentan con el asesoramiento del abogado Jaime Doreste, que logró paralizar la construcción de El Algarrobico.

En opinión de Díaz, “se ha instalado un discurso perverso que acusa al lobo de ser origen de todos los males del medio rural”. Pero no es así: “La cuantía de los daños económicos producidos por la especie es pequeña, los lobos no son un problema en España en 2025. El número de ejemplares sigue siendo frágil por su estado de conservación. Incluso si nos creemos las cifras oficiales, no tiene sentido permitir matar 53 lobos en Asturias en una población de 350 lobos. Es una salvajada”.

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) es una de las que tiene más tradición en defensa del cánido. “El lunes 21 comprobamos in situ que el Gobierno de Cantabria ya está matando lobos. Es una absoluta vergüenza. Agotaremos todas las vías para exigir responsabilidades penales y administrativas a quien corresponda, aunque de nada nos sirve si nos dan la razón cuando los lobos ya estén muertos”, se queja Nacho Martínez, portavoz de Ascel.

María Jesús Susinos, consejera de Desarrollo Rural cántabra, señaló hace unos días: “Queremos convivir con el lobo, como se ha hecho toda la vida”, manteniendo la actividad de ganadería extensiva, pero llevando a cabo el “necesario control poblacional, totalmente controlado”.

Frente a ello, Ascel ha presentado recursos de alzada contra Cantabria, Asturias y Galicia, que ya permiten volver a eliminar ejemplares (bien cazando, bien con guardas). “Cantabria considera que su plan del lobo anterior sigue vigente, y ha articulado que se puedan matar 41 lobos. Ya lo están haciendo. Tienen a los guardas con visores térmicos justo cuando están las crías a punto de nacer, con hembras preñadas”, afirma Martínez. Por eso, han puesto un contencioso contra esta comunidad pidiendo medidas cautelarísimas. Una portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria responde que ha transformado la petición en medidas cautelares para dar audiencia a la administración, por lo que no habrá una decisión hasta la semana que viene.

Es lo mismo que está haciendo WWF, según explica Luis Suárez: “Por una parte, hemos presentado un recurso en Cantabria y haremos lo mismo en Asturias y Galicia. Por otra, estamos pidiendo al Ministerio para la Transición Ecológica que recurra la enmienda ante el Tribunal Constitucional, ya que no se atiene a la legalidad, porque se está utilizando la ley para modificar otra que no tiene nada que ver. Y vamos a pedir a todas las comunidades autónomas que justifiquen técnicamente la muerte de cada ejemplar”.

Lo mismo pide Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción: “Instamos al PSOE y a Transición Ecológica a que presenten un recurso de inconstitucionalidad, por todas las irregularidades en la tramitación de la ley de desperdicio alimentario. La legislación estatal recoge que las competencias del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial son del ministerio, pero se ha cambiado con una enmienda torticera que ha tirado por tierra de forma irregular toda la ley”. La entidad también recurrirá todas las decisiones que permitan eliminar animales.

Censo de la especie

Desde el Ministerio de Transición Ecológica señalan que están culminando el proceso de elaboración del censo de la especie, una vez que las comunidades han reportado sus datos, algo fundamental para conocer cuál ha sido la evolución de la especie en los últimos seis años y su estado actual. “El Ministerio adoptará las oportunas decisiones sobre una sólida base científica, técnica y jurídica”, apunta una portavoz.

Y añade: “Las comunidades deben tener en cuenta que toda la normativa vigente (Convenio de Berna y Directiva UE) y su interpretación jurídica (sentencia del TJUE de julio de 2024), obligan a las administraciones a garantizar el estado favorable de la especie. La especie no presenta un estado favorable en estos momentos, así que cualquier actuación que implique la muerte de ejemplares incumplirá la norma y las sentencias, con las consecuencias que de esas decisiones se deriven”.

Las diferentes entidades que trabajan en favor del lobo han convocado ya concentraciones y protestas en distintas localidades. Además, ya se está organizando para convocar una gran manifestación estatal en Madrid en junio —todavía sin fecha definitiva— para visibilizar la oposición ciudadana a esta actuación. Las ONG piden al PSOE que presente un recurso de inconstitucionalidad por la enmienda, pero fuentes socialistas rechazan esa posibilidad por ahora.