El Gobierno abre la puerta a que se disparen los jubilados a partir de 52 años en profesiones de riesgo

¿De qué nuevas profesiones se trata? Aún se desconoce, aunque lo que la Seguridad Social sí prevé es «un elevado número de solicitudes». La hoja de ruta para aceptar las admisiones correrá a cargo de una comisión formada por los ministerio de Seguridad Social y Hacienda, empresarios y sindicatos. Ellos serán los encargados de decidir esas nuevas profesiones con retiro adelantado, que se sumarán al catálogo de actividades que ya pueden hacerlo antes de la jubilación anticipada, aquella que se produce dos años antes de la edad legal, y que el próximo año quedará fijada en 66 años y ocho meses.

La norma, a la que ha tenido acceso ABC, explica que el inicio del proceso se realizará de forma conjunta entre empresarios y sindicatos cuando se trate de trabajadores por cuenta ajena, por asociaciones de autónomos, empresarios y sindicatos cuando se trate de empleados por cuenta propia y por la Administración y las centrales cuanto se trate de empleados públicos.

La Seguridad Social ya incluye en la actualidad a varios grupos que pueden retirarse entre los 52 años y los 60 años. No llegan en estos momentos a la docena y se trata de policías locales, miembros de la Ertzaintza, bomberos, profesiones taurinos, artistas, mineros y trabajadores ferroviarios. Cada uno de ellos tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, toreros, rejoneadores, novilleros y banderilleros se pueden retirar a los 55 años y los artistas a los 60 años.

El decreto regula el régimen jurídico y el procedimiento para determinar los coeficientes reductores que permitirán anticipar la edad de retiro de los nuevos trabajadores y para paliar esta incorporación temprana al sistema, las nuevas profesiones o actividades que se incorporen al catálogo de alta peligrosidad o penosidad deberán hacer frente a un recargo en la cotización en los años previos a la causa de alta en la jubilación anticipada con la finalidad de mantener el equilibrio financiero de la Seguridad Social. Se aplicará un tipo extra sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto a cargo de la empresa como del trabajador.

Este procedimiento ya existe para las profesiones de riesgo que pueden adelantar el retiro, lo que hace la norma es sentar las bases para la aceptación de nuevos colectivos que se retirarán de forma prematura. «Con la finalidad de mantener el equilibrio financiero del sistema, la aplicación de los coeficientes reductores que se establezcan llevará consigo un incremento de la cotización a la Seguridad Social», dice el texto legal, en el que se puntualiza que esos coeficientes se revisarán cada diez años.

El decreto se acompañada de una memoria económica en la que se reconoce el impacto que tendrán estas nuevas jubilaciones en las cuentas de la Seguridad Social, si bien la cuantificación se demora hasta la elaboración de los nuevos decretos que se desarrollarán con los coeficientes reductores que se determinen en cada profesión.

No obstante, el texto legal recuerda que el incremento de cotización que llevará aparejada la aplicación de los coeficientes reductores posibilitará que el impacto presupuestario será neutro, «garantizándose el equilibrio financiero del sistema».

Los que sí tendrá un coste para las arcas públicas el aumento de personal necesario para desarrollar el proceso, «que implica una carga significativa de trabajo para la implementación del procedimiento, especialmente considerando que se prevé un elevado número de solicitudes al inicio». La factura prevista en la norma para estas tareas es de 163.739,44 euros.